Transformación del Estado y Desarrollo

En las últimas tres décadas, América Latina ha experimentado dos crisis en los modelos de sociedad predominantes que se construyeron en la región. La primera situación problémica se debió al fracaso del nacional-desarrollismo en la década de 1980, que impulsó reformas estructurales importantes en la manera de intervención del Estado en la economía. El segundo momento crítico, derivado del primero, tuvo como origen la adopción de un ideario neoliberal de reformas, con procesos de apertura que hicieron a la región mucho más sensible a choques externos que afectaron en distintas etapas, por ejemplo, a México, Brasil y Argentina.

Los resultados de ambas crisis han sido reflejados en múltiples informes de organizaciones regionales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en los cuales se enfatiza el incremento de los niveles de paro, desigualdad social y pobreza, reducción del gasto social y desaceleración en los ritmos de crecimiento económico. -Según reportes de esa entidad, los niveles de pobreza en la región aumentaron de 40,5% a 48,3% entre 1980 y 1990, pasando de 135 a 200 millones de pobres, y esta pobreza siguió creciendo hasta el año 2002, en el que alcanzó a más de 220 millones de personas-.

No obstante, en la última década se han generado cambios sociales, económicos y político-institucionales en gran parte de los países del área, creándose escenarios propicios para que los estados inicien transformaciones en pos de un desarrollo inclusivo y sostenible. En los últimos años, ha comenzado un proceso sostenido de reducción de la desigualdad social y de la pobreza que se apoya tanto en el crecimiento  económico registrado como en las políticas sociales.

A nivel conceptual, la transformación del Estado y el desarrollo son tópicos que, para ser eficaces, han de situar al desarrollo humano como objetivo que atraviese a todo el proceso de transformación, desde el diseño hasta la puesta en marcha. Por ello, la transformación del Estado no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un desarrollo sin exclusiones en el ámbito humano.

Ese “desarrollo inclusivo” se puede analizar desde dos dimensiones fundamentales, que no pueden considerarse de manera aislada. La primera es social y económica, es decir, se trata de conseguir que el desarrollo llegue a todos los ciudadanos, permitiendo que poblaciones históricamente marginadas o vulneradas puedan acceder a los beneficios de las políticas públicas en infraestructuras básicas, educación, salud y seguridad social. La segunda es la inclusión política que se realiza por medio de la transformación de los mecanismos de toma de decisiones estatales, aumentando su transparencia, reduciendo su aislamiento y promocionando, a la vez, mayor permeabilidad a los intereses y demandas de los pueblos. Ambas dimensiones buscan que todos los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos básicos definidos constitucionalmente.

El gran reto de la transformación del Estado en Latinoamérica consiste en ser capaz de conciliar esas dos dimensiones de la inclusión al interior de una misma estrategia de desarrollo.

La transformación del Estado supone, además, una serie de cambios en diferentes niveles: administrativos y territoriales (en lo que se refiere a la gestión política de las relaciones intergubernamentales y sus efectos sobre las desigualdades o ritmos asimétricos de desarrollo regional); fiscales; de política económica; y en el modus operandi de la elaboración e implementación de las políticas públicas. Se considera que, sin una serie de cambios en las dimensiones mencionadas, cualquier paso hacia una estrategia de desarrollo inclusiva y sostenible a mediano y largo plazos tendrá pocas posibilidades de éxito.

Siguiendo lo anterior, en espacios académicos y políticos del área se plantean ciertas esferas en torno a las cuales se deberían promover las reformas necesarias para ayudar a que los Estados latinoamericanos favorezcan el desarrollo inclusivo y la convivencia democrática. Entre esos ámbitos de acción resaltan la administración pública, la reforma fiscal y tributaria, la desigualdad social y la pobreza, así como otras demandas sociales que tienden a expresarse en contextos democráticos como las políticas de igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental, los derechos de los pueblos indígenas y afro-descendientes, etc.

Paralelamente, otros temas emergen como desafíos a enfrentar en esa transformación de los estados de la región en pos del desarrollo. Entre ellos se encuentra la falta de legitimidad de varios actores políticos o del aparato político en general, y el clima de inseguridad y de violencia que se vive en varios sectores de algunos países de la región. Asimismo, la construcción de los estados en una geografía compleja, el carácter autónomo de los militares, la exclusión de grupos sociales y el aliento de grupos insurreccionales al calor de la Guerra Fría, son los cimientos de una situación actual en la que el crimen organizado, unido al flagelo del narcotráfico, han ganado terreno en varias naciones del área; presencia que urge erradicar si se pretende avanzar en la transformación de los Estados para un desarrollo inclusivo y sostenible a nivel local, nacional y regional en América Latina.

 

Fuentes consultadas: